Resulta destacable la enorme repercusión que ha tenido la noticia, publicada inicialmente por Canarias7, de que consejeros y asesores del Cabildo Insular de Gran Canaria del pasado mandato (2007-2011) se acogieron a las ayudas para ortodoncia u oftalmología y óptica, vigentes desde hace décadas en la institución insular. Al margen de que haya sido, eso parece, una filtración interesada de la consejera de Hacienda, que no ha hecho la menor gracia a la oposición ni a algunos de sus compañeros de grupo.
Hay que decir, en primer lugar, que los miembros de la institución no cometieron ninguna ilegalidad, pues es un derecho para quienes mantienen relación laboral o política con el Cabildo, que desconozco qué presidente y qué equipo de la Corporación puso en marcha; pero del que, desde hace mucho tiempo, tenía constancia de su normal funcionamiento. El debate está, me parece, en lo adecuado o no de semejantes ventajas sociales, no en que se vulnerara la ley.
Y que se sepa nadie, los grupos políticos del gobierno o de la leal oposición, las organizaciones sindicales, los muchos consejeros y asesores del más variado signo que han pasado por allí, las han cuestionado hasta hace bien poco.
Homologados
Cierto es que, en mi opinión, los derechos de los trabajadores de las administraciones públicas y de los propios funcionarios deberían estar homologados y que semejantes ventajas sociales son más que cuestionables. Que la sanidad o el acceso a la Educación (becas, ayudas para matrículas o libros de texto…) debiera ser similar para todos los funcionarios y laborales, al margen de la administración en que desempeñen su labor. Y, por extensión, debiera ser igual para el conjunto de ciudadanos y ciudadanas. Y que, puestos a ayudar, habría que hacerlo fundamentalmente a los de menor renta.
En época de crisis económica tan profunda, y con visos de continuidad a mucho peor, esas ‘dádivas’ debieran quedar, al menos, congeladas para los políticos, como así ha sido en el presupuesto para 2012; aunque, estoy convencido, nunca debieron ponerse en marcha, nunca debieron existir.
Diferente son las ayudas a los funcionarios y personal laboral, en las que cualquier cambio obligaría a negociar con los sindicatos, ya que suprimirlas sería una vulneración del convenio.
En cualquier caso, parece razonable que los mayores esfuerzos presupuestarios se destinen a las personas que hoy atraviesan por graves dificultades para sobrevivir, que no son precisamente los trabajadores públicos, aunque estos hayan visto reducidos sus salarios y capacidad adquisitiva.
Sorpresa
Pero por encima de todo, reconozco que me sorprende positivamente la cuasi unánime reacción ciudadana de completa repulsa ante el hecho de esos privilegios cabildicios, de políticos y funcionarios, que he podido observar en llamadas a las radios o en los foros de los periódicos digitales y en Twitter.
Se confirmaría, de ser representativa la muestra, que más del 99% de la ciudadanía si tuviera la fortuna de trabajar para el Cabildo Insular de Gran Canaria (o para el Parlamento canario, que también tiene un amplio paquete de generosas medidas sociales para su personal) renunciaría ‘ipso facto’ a favorecerse con semejantes prebendas, aunque figuren en convenio, negándose a aceptar para sí lo que no pueden alcanzar el resto de empleados, públicos o privados. Y eso constituye un hecho sociológico tan relevante como alentador. Muy distinto, por ejemplo, al elevado porcentaje de los que todavía reconoce en distintas encuestas su disposición a defraudar a Hacienda.
Se unirían a todos aquellos que devuelven las viviendas de protección oficial cuando su situación económica se transforma muy favorablemente, posibilitándoles adquirir otra casa. A los que se niegan a optar a becas cuando pueden perfectamente pagarse sus estudios (gente, por ejemplo, los hay, con más de 500.000 euros en su cuenta nada corriente), dentro o fuera de España, sean licenciaturas, master o prestigiosos cursos en la Universidad de Harvard. A los que nunca han simulado una enfermedad para conseguir una baja laboral. A los que, pese a las condiciones y oportunidades, ni se les pasa por la cabeza domiciliarse en otras naciones para pagar menos impuestos. O, en fin, a los que reconocen sus verdaderos ingresos a la hora de establecer la asignación para sus hijos en medio de una separación más o menos tormentosa.
Este país, sus viejos hábitos y ancestrales tradiciones, su picaresca y su tendencia a aprovecharse egoístamente de lo público, comienza a cambiar aceleradamente en la buena dirección. Sin duda.
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La Tiradera 
Estupenda reflexión, todos exigimos a los demas mientras no toquen lo nuestro y cuando nos señalan justificadamente la culpa es de otro, de no encontrar un acusado siempre tendremos al gobierno de turno. No se si lograremos superar estas ancestrales enseñanzas es cuestión de desaprender.
Sé que todo esto no es fácil y sobre todo difícil de atender. Que se paguen guarderías en verano, libros aparte de los que da el gobierno, gafas, prótesis… Es difícil de comprender que todos entren en el mismo saco; los que ganan 900 y los que ganan 5000.
Han sido, según la prensa, unos 100.000 euros en la anterior legislatura. Pero aún echo de menos que se metan mano a los sueldos de alcaldes y concejales, a que se reglamente a nivel de población o como bien lo estimen pera que no se pueda engañar más al pueblo.Que un edil de tres al cuarto no pueda contratar con sueldos millonarios a quien le de la gana o favorecer a la empresa del amigo, del primo, de la mujer del primo de sobrino de su cuñado. Si somos capaces de arreglar eso lo mismo se les puede pagar las gafas a muchos miles de personas que no pertenezcan al cabildo.
Esteban y Antonio, la reflexión tiene un toque irónico. En primer lugar no es de recibo que las ayudas sean lineales y abarquen a todos, funcionarios y políticos, aunque así lo estableciera el Cabildo hace veinte años; pero, en segundo, como habrán captado, me dirijo a todos aquellos que ponen el grito en el cielo y que luego actuarían igual. No es de recibo que a Soria, que reconoce tener 500.000 euros en su cuenta corriente, se le beque para ir a Harvard. Pero tampoco son de recibo las actuaciones de muchos ciudadanos con becas, viviendas, etc. Estando en Presidencia, hace más de 10 años, una conocida periodista me llamó para ver si podía saltarse su cuñado 30 puestos en la lista de parados de un determinado departamento. Le dije que ni podía ni le iba a ayudar a semejante injusticia. Estoy seguro que estos días estará clamando contra los consejeros del Cabildo e impartiendo lecciones de moralidad…