Son tiempos de escasas alegrías. Es difícil tenerlas con tanto desempleo, pobreza de mayores e infantil (aunque les resulte gracioso a los diputados del PP en el Congreso), corruptelas, sobresueldos y permanentes ataques a las libertades, a los derechos laborales o a los avances conseguidos por las mujeres. En ese marco depresivo, una de las pocas satisfacciones de la legislatura ha sido la aprobación por el Parlamento de Canarias de la Ley de Educación, surgida de una iniciativa ciudadana. El PP, el Gobierno de Rajoy, acaba de comenzar el proceso para dinamitarla.
En efecto, ha planteado objeciones a una parte muy significativa de su articulado, desde lo que afecta a la educación infantil hasta la Formación Profesional, pasando por las evaluaciones de diagnóstico o el acceso y ejercicio de la función docente. Primer paso. El segundo, con toda seguridad, será tratar de paralizar la ley recurriéndola ante el Constitucional.
Se trata de una ley nacida de una iniciativa popular que la Cámara respetó en sus aspectos esenciales e incluso mejoró –el texto inicial pese a la indudable buena voluntad de sus autores presentaba distintas carencias- en diversos y trascendentales asuntos, gracias a aportaciones como las realizadas por el Consejo Escolar de Canarias (órgano en el que confluyen todos los sectores de la comunidad educativa) o al trabajo de los propios grupos parlamentarios.
Recortes
Una norma muy interesante que resulta intragable para los que consideran que la educación es puro adoctrinamiento y desarrollan políticas de recortes que castigan a los sectores más débiles de la sociedad. Aumentando las tasas universitarias, congelando o disminuyendo becas, eliminando las ayudas a los libros de texto, masificando las aulas y cargándose aquellos programas de apoyo a los chicos y chicas con dificultades de aprendizaje.
Como he señalado en distintas ocasiones el nivel de preocupación por la Educación es una buena manera de medir a los gobiernos y parlamentos. En los últimos tiempos hemos vivido una etapa de profundo retroceso, con los recortes presupuestarios del PP y la aprobación de la retrógrada LOMCE. Por eso constituyó una excelente noticia que Canarias aprobara su propia Ley de Educación. Con el apoyo de CC, PSOE y NC, y el rechazo, nada extraño, del PP.
Se trata de una norma que sitúa como vertebrador de la Educación en Canarias a su sistema público, que apuesta por la igualdad de oportunidades y plantea el establecimiento de medidas para actuar en los entornos sociales desfavorecidos, esos que están detrás de la mayor parte del fracaso y del abandono escolar.
PIB
Que, además, muestra una visión inclusiva y un compromiso con la diversidad del alumnado que se encuentra en las aulas, defiende la participación en la vida de colegios e institutos, impulsa adecuadamente el imprescindible aprendizaje de idiomas o considera los servicios complementarios como esenciales al sistema educativo de las Islas. Estableciendo, además, el compromiso del incremento presupuestario hasta alcanzar el 5% del PIB en los próximos años.
Demasiado progresismo para el PP, que acaba de escribir otra página negra de la política canaria. Por impedir que una ley tan relevante, apoyada por la mayoría del Parlamento, impulsada por las comunidades educativas, salga adelante. Y por mostrar el más fiero de los centralismos.
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La Tiradera 