La idea del PP de conceder (se) la mayoría absoluta a las formaciones que superen el 40% de los votos en las elecciones municipales, junto a su canto al bipartidismo, constituye una normativa contra las izquierdas; y, asimismo, la contratación de un seguro de vida para intentar mantenerse en el poder en muchos municipios, especialmente en las grandes ciudades. Pensando en las locales y, también, en las consecuencias devastadoras de un mal resultado sobre las generales.
El PP plantea esa decisión de cambio en el actual sistema de elección de corregidores como fórmula para evitar la pérdida de numerosas alcaldías en las elecciones del 24 de mayo de 2015. Son conscientes de que, aunque seguirán siendo primera fuerza en muchos lugares, van a retroceder en votos y en número de concejales. Que perderán algunas de las mayorías absolutas que ahora sostienen a sus alcaldes. Que eso puede tener efectos demoledores en Madrid o en la Comunidad de Valencia, entre otras. Que ni siquiera con la nueva norma podrán salvar los muebles en distintos lugares.
Por ahora, solo apoyan esa medida PP, Foro y un destacado líder de Coalición Canaria (CC), el alcalde de Puerto del Rosario y vicepresidente de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), Marcial Morales. Su partido dice que se pronunciará sobre este asunto en septiembre, lo que no deja de ser preocupante. Es posible que algunos, tras haber hecho los correspondientes cálculos electorales, vean peligrar alcaldías como las de La Laguna o Puerto del Rosario. Es previsible que UPN también se pronuncie a favor.
Los conservadores saben también de sus enormes dificultades para establecer alianzas en caso de vencer pero no disponer de mayoría absoluta. Las han roto hace tiempo con los nacionalistas catalanes y vascos. Y temen que, en el resto del Estado, se establezcan mayorías en las corporaciones locales mediante pactos entre el PSOE, IU y Podemos (o los Ganemos que surjan y consigan representación), a los que se podrían sumar fuerzas nacionalistas de izquierda en distintas comunidades; con complejidad mucho mayor, por el peso del soberanismo, en los casos de Euskadi y Cataluña.
Cierto es que la propuesta tiene curiosos efectos colaterales. De mantenerse su crecimiento electoral como demostraron en las recientes europeas, la reforma Rajoy beneficiaría a formaciones como Bildu, en Euskadi y en Navarra, o ERC, en Cataluña, que incrementarían su número de alcaldías, sin que pactos entre otras organizaciones pudieran evitar que se hicieran con el bastón de mando.
Práctica
Contrasta la rajoyana idea con la práctica del PP. En Canarias, por ejemplo, PP y PSOE dejaron sin alcaldías a CC en la mayoría de los municipios de la isla de La Palma, pese al claro triunfo de los nacionalistas. Y en grandes ciudades, como Telde, los de Rajoy no dudaron en pactar con CC y CIUCA, y ahora con dos tránsfugas, para desalojar a Nueva Canarias, que había ganado los comicios en ese municipio de Gran Canaria.
El PP quiere adoptar esa medida a sabiendas de que la dispersión de la izquierda, hasta hace unos meses entre PSOE, IU y los nacionalismos de izquierda, oferta a la que ahora se ha sumado Podemos, dificulta mucho que alguna de ellas llegue al 40%; los del PP serían si no los únicos, los más beneficiados con enorme diferencia.
Parece, además, que los conservadores dan por sentado que será fácil el entendimiento y que se alcancen pactos de gobernabilidad entre las izquierdas en los municipios, como los inaugurados por PSOE y PCE en el año 79. Asunto que, escuchando declaraciones y viendo las fronteras que muchos establecen, está por ver. Al margen de que es más sencillo, y ofrece menos problemas, un bipartito que un tripartito. O un cuatripartito, véanse las encuestas sobre la ciudad de Barcelona.
Contra el cambio
No es, como algunos fácilmente se han lanzado a pregonar de manera simplista y escasamente argumentada, una ley contra Podemos, sino contra el conjunto de las izquierdas y, especialmente, contra las posibilidades reales de cambio en los ayuntamientos, que pasan en la mayoría de ellos por el establecimiento de gobiernos de coalición entre todas las fuerzas progresistas, fraccionadas electoralmente frente a la mayor unidad de la derecha.
Hay que ser claros. Salvo contadas excepciones, ni PSOE (el que más posibilidades tiene, al menos por ahora), ni Podemos, ni IU por sí solos pueden derrotar a la derecha, que cuenta con la gran ventaja de presentarse unitariamente en el PP; en algunos casos ni siquiera con alianzas postelectorales podrán alcanzar ese objetivo.
Por otra parte, los que afirman que al PSOE ni agua supongo que están dando por sentado que dejarán que el PP gobierne la mayoría de ayuntamientos españoles. Incluso sin cambio en la fórmula de elección de alcaldes.
Junto a su intento de evitar gobiernos municipales de izquierdas o progresistas, la modificación del sistema de elección de alcaldes, que se pretende llevar a cabo sin el menor consenso, es, en última instancia, un atentado contra la democracia. No les basta con las indudables ventajas que la ley D´Hondt da a los grandes partidos. Ahora se sacan una ley contra la plasmación de legítimas alianzas que conformen gobiernos sobre la base de un programa común apoyado por la mayoría de los concejales. Rebajan profundamente la calidad democrática. Más, mucho más allá del 40%.
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* Con el 40% de los votos es muy difícil conseguir una mayoría absoluta, aunque no imposible dependiendo de los resultados de los otros. Así en el municipio catalán de Berga, CiU tiene mayoría absoluta (9 concejales), con el 40,2% de los votos, frente a los ocho con que cuenta la oposición (PSC, 4; CUP, 3; y PP, 1).
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La Tiradera 