Se recrudece estos días la polémica sobre la apertura de los comedores escolares en verano. Con cruce de acusaciones entre la derecha contraria a la medida, argumentando los daños de la visibilidad de la situación de los menores, y la mayoría de la izquierda favorable para intentar cubrir una prioritaria necesidad alimenticia. Pero las cosas, aunque a veces lo parezcan, no son blanco o negro. O no solo.
Canarias fue una de las comunidades pioneras en esta materia. El pasado verano su Consejería de Educación implantó esta modalidad. Con la oposición inicial de buena parte de los ayuntamientos del PP y, en especial, del de Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad más poblada del Archipiélago.
Estos, como otras corporaciones locales, tenían razón en que el Gobierno puso en marcha la medida sin contar con los ayuntamientos y sus circunstancias económicas u organizativas. Pero también pusieron peros respecto al transporte escolar (la actuación se llevó a cabo en un número determinado de centros); y, ya en plan incordios, los conservadores destacaron los posibles gastos en luz y agua, como si le fueran a poner una piscina a los chicos y chicas, apenas un centenar en cada uno de los centros escolares seleccionados.
En una Comunidad con más del 33% de paro según la EPA, los salarios más bajos del Estado y niveles elevados de pobreza, un porcentaje importante de los niños y las niñas tiene problemas para alimentarse. En muchos de esos casos, la comida que reciben en el comedor escolar es la más importante y equilibrada del día, cuando no la única. Y el verano puede romper en pedacitos esa realidad.
Pero coloquemos las cosas en su justo sitio. Por un lado, puestos a extender la medida habría que hacerlo durante el curso escolar a los fines de semana, sábados y domingos, así como a las vacaciones de Navidad y de Semana Santa, en los que no hay actividad académica y en los que no cambian las circunstancias socioeconómicas de sus familias. Por otro, la medida se circunscribió a Primaria, y esos mismos niños y niñas pueden tener hermanos en la ESO, entre 12 y 16 años, en las mismas penosas condiciones.
Una madre me envío un correo al respecto. «Me indigna el tema de comedores escolares en verano. El asunto de la pobreza afecta a toda la familia y he vivido la realidad de un hermano que lleva al pequeño a comer y él fatigado en la puerta del colegio, condenado a no comer porque tiene 13 años. No pude con esta situación y ahí me posicioné. Desde mi punto de vista, la ayuda debe ir a la familia a través de Servicios Sociales y que sean éstos los que la distribuyan y controlen».
Estigmatizar
Luego está el tema de la estigmatización de los menores que, por lo que veo en Twitter, alguna gente progresista minimiza. Creo que erróneamente. La Consejería canaria tuvo el acierto de vincular los comedores de julio y agosto a la realización de actividades de inmersión lingüística en idioma inglés realizadas por monitores con la adecuada formación para ello. Así, los estudiantes no se limitaban a ir al colegio a comer, sino que el comedor culminaba un conjunto de actividades formativas y lúdicas.
En el mes de julio coincidían, además, con la apertura de los colegios por los ayuntamientos o las AMPAS, para sus habituales campamentos de verano, con lo que se mezclaban con el resto de niños y niñas.
Sin embargo, en agosto se quedaron solos. Y en algunos centros bajó la presencia en los comedores de verano hasta en un 30% con relación al mes de julio. Las razones pueden ser varias, pero no descarto que también influyera el temor a la estigmatización. Un alcalde de un municipio grancanario me daba la razón y extendía la actitud, tan humana, a los desahucios. “Varias personas en mi pueblo los han llevado a cabo de la manera más silenciosa y clandestina posible, para que sus vecinos no les vieran abandonar sus hogares por razones económicas”.
Pues sí, aunque a algunos les resulte extraño, hay familias que consideran humillante mandar a sus hijos a comedores escolares ‘de pobres’. Al margen de que, también, nos encontremos ante padres irresponsables y familias desestructuradas en los que los menores son sus principales víctimas.
Castigo
Hay otro elemento que también quiero situar para el debate. Me refiero a la conveniencia o no de que los niños permanezcan todo el año en el colegio. ¿No pueden entender como una especie de castigo la prolongación de la permanencia entre esas paredes en julio y agosto?
Cabrían, además, otras opciones, como la entrega de compras de comida semanales, quincenales o mensuales directamente a las familias afectadas, tras el correspondiente estudio y supervisión de los servicios sociales de los ayuntamientos en los que, por su conocimiento de la realidad de los menores, también pueden colaborar los centros educativos y sus directores.
Lo que no vale es lo que hace el PP. Es decir, mostrar una aparente preocupación por la estigmatización de los menores pero no dar alternativas a la pobreza y a la desnutrición infantil. Ni a la de sus familias, claro.
Me hace recordar aquella anécdota de la campaña electoral de Allende en el año 64 del pasado siglo. Recuerda Eduardo Galeano que entonces sus oponentes en la derecha impulsaron el slogan «Con Frei, los niños pobres tendrán zapatos”, a lo que la Unidad Popular respondió: “Con Allende no habrá niños pobres”.
Aquí, ni zapatos.
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