Canarias, una democracia adulterada

CANARIAS, UNA DEMOCRACIA AL 30%

• Las barreras electorales del Archipiélago, del 30% en la circunscripción, no tienen nada que ver con las del resto de Comunidades (entre el 3 y el 5%)
  

• Resulta muy desequilibrado que el 17% de la población elija al 50% de la Cámara

• Las elevadas barreras hicieron que en 2007 el 16,3% de los votantes (150.000 de un censo que supera los 920.000) se quedaran sin representación

• Para modificar el Estatuto basta con contar con mayoría simple en el Parlamento; la ley electoral está mucho más blindada: exige un acuerdo de dos tercios de la Cámara
  

En estos momentos en que se debate sobre la necesidad de mejorar la calidad de la democracia española. En estos días en que se habla de transparencia, de listas abiertas, de consultas ciudadanas… Canarias sufre un déficit democrático mucho mayor que el resto de las comunidades autónomas, a consecuencia de un sistema electoral con barreras únicas en España y en Europa: del 30% en la circunscripción, que en Canarias es la isla, o del 6% en el conjunto del Archipiélago. Además, el valor del voto ciudadano es muy distinto según el territorio.

Enrique Bethencourt

Actualmente para poder acceder al Parlamento canario, un partido tiene que ser la fuerza más votada en un territorio o superar el 30% del voto insular (que es la circunscripción en las elecciones autonómicas) o el 6% archipielágico. No siempre fue así. En las primeras elecciones y hasta 1996, en que se reforma el Estatuto de Autonomía, eran menos restrictivas: 20% insular y 3% canario, aún así a gran distancia de lo que se exige en el resto de nacionalidades y regiones, que oscila entre el 3% y el 5% en la circunscripción; y en donde no existen dobles barreras.

Así, en los comicios de 1999, el PIL (ver gráfico) logró el 28% de los votos en Lanzarote (segunda fuerza, solo superada por unas décimas por CC en la isla de César Manrique) y se quedó sin ninguno de los ochos escaños que están asignados a este territorio por el Estatuto; en buena lid le correspondían dos actas, tanto con un sistema del 5% de barrera, como aplicando el anterior canario del 20% insular.

En 2007 sucedió algo similar. El PIL consiguió el 22,3% de los votos de Lanzarote y quedó fuera del Parlamento. También le sucedió a Nueva Canarias, que obtuvo el 5,42% en el conjunto del Archipiélago y el 11,83% de votos en Gran Canaria, duplicando ampliamente a CC en esta circunscripción, quedando fuera de la cámara, mientras que CC obtenía uno en la isla redonda (Ver gráfico).

En esa ocasión, un 36% de los hombres y mujeres que acudió a las urnas en Lanzarote en mayo de 2007 no vio traducida su decisión en representación en el Parlamento de Canarias. Es una cifra completamente escandalosa y que avergüenza a cualquier demócrata. Duplica ampliamente el porcentaje global de Canarias, donde más del 16,3% de las papeletas (es decir, los sufragios emitidos por más de 150.000 personas, de un censo que supera los 920.000) fueron directamente de la urna a la papelera, lo que tampoco es un síntoma de buena salud democrática.

En las últimas autonómicas, las celebradas en mayo de 2011, se corrigió a la baja este auténtico disparate. La unión de distintos grupos en torno a Nueva Canarias, justamente para superar las barreras electorales, posibilitó a este partido obtener dos escaños y al PIL uno. Y bajó de manera notable el número de papeletas sin representación hasta prácticamente la mitad que en las elecciones de 2007, quedándose en el 8,01%.

Abismo

Si lo comparamos con lo que ocurre en otras comunidades autónomas podemos observar el auténtico abismo que existe. En Cataluña, por ejemplo, en los comicios de 2012 semejante circunstancia no llegó al 5,8%. Y en Euskadi  el 4,77%, por la ruptura de la IU vasca en Esker Anitza y Esker Batua, que dejó a ambas partes sin representación, si no el porcentaje se hubiese reducido considerablemente.

En el caso de la comunidad presidida por Artur Mas, su barrera electoral de acceso al Parlamento está establecida en el 3%, al igual que en la que dirige Urkullu, mientras que en otras comunidades, como la valenciana, se eleva hasta el 5%.

Por ejemplificar, UPyD sacó un diputado en Euskadi en 2012 gracias a que superó la barrera del 3% en Álava, donde obtuvo 5.453 sufragios (3,52%). De aplicársele la normativa canaria hubiese necesitado multiplicarlo casi por diez (46.474 papeletas, para ser exactos) o haber superado las 66.615 en el conjunto del País Vasco (sacó 21.539). En el caso de la CUP que, también en 2012, obtuvo tres actas en Cataluña con el 3,47% y 126.435 votos, en Canarias hubiese precisado 218.619 para pasar el corte aplicando el criterio autonómico.

Otro gran problema de Canarias es la relación entre ciudadanos y sus representantes. Las circunscripciones son insulares y los escaños se distribuyen como sigue: El Hierro (3), La Palma (8), La Gomera (4), Tenerife (15), Gran Canaria (15), Fuerteventura (7) y Lanzarote (8). Ello hace que el 17% de la población elija al 50% de la Cámara y el otro 50% corresponda a los electores de Gran Canaria y Tenerife, las islas más habitadas que juntas suponen el 83% de la población.

Triple paridad

Se estableció, para evitar tensiones insulares, sobre la base de un criterio llamado triple paridad: entre Gran Canaria y Tenerife, 15 cada una; entre una provincia y otra, 30 para Las Palmas y otros 30 para Santa Cruz de Tenerife; y entre las islas no capitalinas y las capitalinas, 30 para cada una. Y ha beneficiado de manera exagerada a los territorios menos poblados. Además, una vez consolidado ese status las resistencias a cambiarlo son muy sólidas. Así, el voto de Juan Rodríguez o de Carmen Santana, residentes en las islas más pobladas, vale catorce veces menos que el de Juan Padrón, herreño. En esta isla, la menos poblada, un diputado puede salir por 1.500 sufragios; en Gran Canaria o Tenerife un escaño ‘cuesta’ más de 20.000 votos.

En la pasada legislatura el entonces portavoz socialista, Santiago Pérez, presentó en el Parlamento una propuesta de modificación del sistema electoral canario que consistía en rebajar a una única barrera insular del 5%, porcentaje igual al que existe en las elecciones a los cabildos, que también son de circunscripción insular. Esta propuesta no salió adelante.

Ahora, es Nueva Canarias (que cuenta con dos escaños en el Parlamento) la que propone al resto de los grupos de la Cámara debatir una reforma del sistema electoral canario, en la misma línea: con una barrera insular del 5%. Al anterior rechazo de PP y CC se suma ahora al PSOE, que considera que no es “prioritario”, mostrando su oposición a una modificación que siempre ha defendido y que va en su programa electoral. Las cosas del querer. O mejor, del poder.

Y es que hay un dato esencial: mientras que para modificar el Estatuto de Autonomía basta con contar con mayoría absoluta en el Parlamento canario, la ley electoral está mucho más blindada: exige un acuerdo de dos tercios de la Cámara. Tan blindada que no parece que el tema pueda ser resuelto en la presente legislatura. “No es un asunto prioritario”, asegura el secretario general del PP en las Islas, Asier Antona

Y, por esa curiosa escala de prioridades, unos y otros vienen imposibilitando que Canarias actualice el más injusto y desequilibrado de los sistemas electorales de España y Europa. Por esa curiosa escala de prioridades están condenando a Canarias a seguir teniendo una adulterada democracia del 30%.

 

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Este artículo, publicado en mayo en Zoom News, recobra actualidad, ante la presentación en el Parlamento de una propuesta de reforma electoral que intenta rebajar los topes hasta el 5% insular. PP, CC y PSOE se niegan. Sorprende especialmente este último que parece tener en Canarias un discurso distinto al estatal sobre la democracia y la participación ciudadana.

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