Pedro frena a Pablo

No es para que lancen las campanas al vuelo, pero parece que el nuevo secretario general del PSOE logra frenar la sangría de votos hacia la organización de Iglesias. Así lo percibe la encuesta de Celeste Tel para eldiario.es http://www.eldiario.es/politica/Pedro-Sanchez-impulsa-remontada-PSOE_0_286272015.html que da una leve subida de un punto porcentual a los socialistas respecto a junio.

Se podría decir que Pedro frena a Pablo (*), al menos de momento. Habrá que confirmar que no es  flor de un día o un simple volátil efecto del boom mediático reciente.

Eso sí, el PP sigue a enorme distancia y las izquierdas suman más votos pero menos diputados que los conservadores.

Los populares ganarían claramente unas generales, con un 33,81% de intención de voto. Casi doce menos que el 20-N de 2011. Aunque parece que el viento sopla a su favor: en los dos últimos meses han experimentado una subida de 0,8 puntos que, por los beneficios de la ley electoral a la fuerza más votada y por la división en tres de su competencia estatal por la izquierda, les permite situarse en la banda 143/151 escaños, lejos de la mayoría absoluta pero también separados ampliamente de sus competidores.

Le siguen los socialistas que alcanzan el 24,12% y podrían obtener entre 90 y 94 actas de diputados. Es una recuperación muy leve respecto al sondeo de junio, que habrá que ver si se consolida en los próximos meses.

Podemos es el gran perjudicado del ascenso socialista. Pierde casi medio punto en un mes y ve rebajadas sus expectativas de diputados, que quedan en 32/37. Pero se consolida como tercera fuerza a enorme distancia de IU que sigue retrocediendo y que se queda en los niveles de 2011, es decir, un 5% y entre 11 y 15 escaños.

UPyD

Fenómeno similar al de UPyD que está en parecidos parámetros a los de las anteriores generales y que ha ido perdiendo fuelle, mientras que Ciudadanos se le acerca en votos y en escaños, con la ventaja de tener muchos de ellos concentrados en las circunscripciones catalanas.

Por delante de UPyD y Ciudadanos se encuentra CiU, con el 4,23% y 12/13 diputados, aunque la encuesta se realizó ante del estallido del caso Pujol y sus veteranas y millonarias cuentas en paraísos fiscales.

Otras formaciones con presencia parlamentaria serían Amaiur (7/8), ERC (7/8),PNV (5/6), BNG (1/2) Y CC-NC y Compromis, con 2-3.

Pese a su ventaja, el PP no tendría una mayoría sólida en las Cortes, ni siquiera con el apoyo de UPyD y Ciudadanos. Peor aún lo tienen las formaciones progresistas: un hipotético Ejecutivo PSOE-Podemos-IU necesitaría del apoyo de cuatro o cinco formaciones más para evitar ser derrotado continuamente en el Congreso.

Sigo pensando que, salvo que se produzca una milagrosa recuperación socialista, y que el espacio de la izquierda supere claramente ese 42-43% que aúna en el último año, la sombra de un acuerdo como el que mantienen Merkel y la socialdemocracia alemana sigue proyectándose sobre el futuro inmediato de la política española.

 

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(*) En el pre-borrador de ponencia política de Podemos se señala lo siguiente sobre el PSOE: “…Si se recompusiera siquiera parcialmente de su desprestigio y sus problemas internos, y postulase un nuevo líder con pocos vínculos simbólicos con el pasado, podría recuperar parte del espacio perdido y estrechar así las opciones para una fuerza de ruptura democrática, relativamente transversal dentro del discurso de unidad popular y ciudadana”.

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Ley de Educación y ‘mates’ chiripitifláuticas

Los males de la política canaria y universal –reduccionismo, sectarismo, ombliguismo, falta de generosidad…- se reproducen, lamentablemente, en los más diversos asuntos sectoriales. Un ejemplo muy reciente es lo vivido en Canarias con la aprobación por su Parlamento de una Ley de Educación avanzada y progresista, con un elevado consenso parlamentario y social, lo contrario de lo que sucedió con la estatal LOMCE.

Una ley nacida de una iniciativa popular que la Cámara ha respetado en sus aspectos esenciales e incluso mejorado –el texto inicial pese a la indudable buena voluntad de sus autores presentaba numerosas carencias- en diversos y trascendentales asuntos, gracias a aportaciones como las del Consejo Escolar de Canarias (órgano en el que confluyen todos los sectores de la comunidad educativa) o del trabajo de los propios grupos parlamentarios.

La oposición del PP a la Ley Canaria de Educación era más que esperada. Especialmente porque esta apuesta claramente por lo público como vertebrador del sistema y establece un rotundo compromiso de crecimiento presupuestario en los próximos años, cuando en casi todas partes siguen recortando en materia educativa. Incluso podía esperarse el rechazo de CCOO por celos o competencia sindical, por lamentable que parezca.

Ahora bien, el colmo de los colmos ha sido la sorprendente actuación de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular que, dos semanas después de aprobada la ley, aún no se ha pronunciado sobre la misma. Igual sus integrantes esperan a julio de 2015 para hacer un balance de su primer año de funcionamiento. En la trayectoria democrática canaria he visto de todo. Pero, en esta ocasión, la torpeza política alcanza niveles sublimes.

Silencio

Aprueban una ley muy parecida a la suya -en mi opinión bastante mejorada respecto al texto inicial que tenía sus evidentes limitaciones- y en lugar de salir a reivindicarla, a poner en valor el buen trabajo realizado por AMPAS, docentes, corporaciones locales o colectivos vecinales en su elaboración, a reconocer lo positivo de la misma y, por supuesto, a criticar aquellos aspectos que consideren insuficientes, guardan un absoluto y sospechoso silencio.

El mismo que guardarían si el Parlamento hubiese aprobado en vez de una ley educativa otra sobre planes de investigación aeroespacial o sobre el futuro de las explotaciones de chuchangos en las medianías.

Da la impresión de que, en el fondo, a algunos les habría encantado que la Cámara canaria hubiese tumbado la ley y así poder ejercer su crítica feroz al Gobierno, a los grupos políticos y a la Consejería de Educación.

Y, como no ha sido así, les ha cogido con el pie cambiado, les ha desconcertado, y han estado reflexionando sobre cuál es la estrategia más adecuada. Que no puede ser otra, ya lo hemos visto esta semana con los comunicados de una parte de los colectivos que lo integran, que la de la descalificación global, reconociendo eso sí, para la galería, algún pequeño y del todo insuficiente e irrelevante avance. Entre peor, mejor.

Se trata de una norma que deja claro que el eje vertebrador de la Educación en Canarias es su sistema público, que apuesta por la igualdad de oportunidades y plantea el establecimiento de medidas para actuar en los entornos sociales desfavorecidos, esos que están detrás de la mayor parte del fracaso y del abandono escolar. Que, además, muestra una visión inclusiva y un compromiso con la diversidad del alumnado que se encuentra en las aulas, defiende la participación en la vida de colegios e institutos, impulsa adecuadamente el imprescindible aprendizaje de idiomas o considera los servicios complementarios como esenciales al sistema educativo de las Islas. Estableciendo, además, el compromiso del incremento presupuestario hasta alcanzar el 5% del PIB en los próximos años.

6,99% del PIB

Lo triste es que da igual que el texto incorporara tres artículos más de la iniciativa popular o dos contenidos menos; que en vez del 5% del PIB en financiación educativa (cuya inclusión me ha dejado completamente sorprendido, dado que compromete, y, mucho, a próximos gobiernos) hubiese establecido el 6,99%. La suerte estaba completamente echada.

Como muestra un botón. Desde un partido, SSP, alguien criticaba mediante un comunicado esta ley, insistiendo en el “irrisorio compromiso financiero” y señalando que “la dotación presupuestaria para Educación permanecerá prácticamente igual y que, en todo caso, el incremento presupuestario que se propone no llega ni al 1%, pues en la actualidad está en torno al 4,2%”, aunque en realidad está situado en el 3,77%, pero ese detalle no es lo más grave. 

Lo peor es el suspenso rotundo en matemáticas que merecen: se trata de un incremento no del 1%, como erróneamente afirman, sino del 19%, ligeramente mayor, como pueden observar y algunos no quieren ver, por lo que parece.  Según sus particulares mates si el presupuesto pasara del 3% al 6%, aumentaría un 3%, menudo cálculo chiripitifláutico. 

Confunden, espero que no intencionadamente, puntos porcentuales con porcentajes, cosas bien distintas. Tomando como referencia el PIB de 2013, 40.299 millones de euros, el 4,2% supone 1.692 millones. Y el 5%, 2015 millones, es decir, 323 millones más, pecatta minuta para algunos; al ser realmente del 3,7% al 5%, superaría los 520 millones de crecimiento, sin contar los que corresponderían por el aumento del PIB.

El problema, el gran problema, no es solo de falta de competencias matemáticas. Sino que se trata de un episodio más del puro sectarismo al que tan acostumbrado nos tiene la izquierda canaria, especialista en deconstruirse y en suicidarse.

Una izquierda que prefiere autoafirmarse en su asfixiante endogamia y matarse entre ella (en este caso con combates políticos pero también inter e intrasindicales) antes que reconocer sus limitaciones, colaborar, aprender de los otros y aunar esfuerzos a favor de los intereses colectivos, de la mejora de las condiciones de vida de la mayoría.

Consenso

Una parte de la izquierda que se olvida de un dato democrático muy relevante: una ley, esta o cualquier otra, no puede ser el calco fiel de lo que piensan quienes representan, como mucho, al 6%, de la población, con apenas peso real en el colectivo docente o en las AMPAs. Su elaboración y aprobación exige acuerdos, diálogo, avances y cesiones por todas las partes, como ha ocurrido en este caso con un muy positivo resultado.

Salvo, salvo, que nos creamos en posesión de la verdad absoluta y, asimismo, con el derecho de imponerla a toda la sociedad, aunque esta piense lo contrario. Exigen consenso para la LOMCE pero pretenden que la Ley Canaria de Educación responda solo a los intereses, a las propuestas y al modelo de una minoritaria parte de la sociedad.

Visto lo visto, al contrario de lo que tan fácilmente se canta en movilizaciones ciudadanas y en recintos deportivos, ¡Sí se puede, sí se puede!, en este educativo asunto habría que entonar de forma coral algo bien distinto: ¡No se puede, no se puede!

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¿Vuelco electoral?

Considero fundamental la oposición a las actuales políticas económicas que tanto sufrimiento están causando, especialmente en los sectores más débiles de la sociedad. También la respuesta social a leyes educativas que nos hacen retroceder en el tiempo o al intento de restringir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Sería muy amplio el capítulo de resistencias ante los desmanes del poder aquí y acullá.

Esa oposición se viene haciendo desde muchos sectores. Desde el mundo sindical, como vivimos en las dos huelgas generales de esta legislatura, con elevado seguimiento pese a las enormes dificultades y el miedo. Desde las distintas mareas que han presentado batalla a los recortes educativos o sanitarios, así como a las privatizaciones.

También desde movimientos sociales, como la PAH, que han convertido los lanzamientos y los desahucios en problemas relevantes de la agenda pública, sensibilizando a la ciudadanía, apoyando a los afectados y denunciando las leyes que defienden a los bancos y no a las personas; o desde el feminismo y el ecologismo, que, en sus distintas esferas, apuestan por cambios profundos en nuestras vidas.

Los últimos años han sido de dura y desigual resistencia. Desde los gobiernos se han cercenado muchos de los avances logrados en las tres últimas décadas. Hemos observado como era posible retroceder en la sanidad, en la educación, en la dependencia o en los derechos laborales en un muy corto período de tiempo. Y como un Gobierno, amparado en una mayoría absoluta que le dieron las urnas, llevaba a cabo una contrarreforma neoliberal con el apoyo internacional y la debilidad, hay que reconocerlo, de la respuesta ciudadana interna.

Dos años y medio de Ejecutivo del PP han supuesto un profundo retroceso económico, social y, asimismo, en las libertades. Con un centralismo feroz y un desprecio a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos.

Castigo limitado

Sin embargo, el castigo ciudadano a esas políticas ha sido limitado. En las calles y en las urnas, como confirman esas elecciones europeas del 25M ganadas, pese al retroceso millonario en votos, por el PP. Las encuestas más recientes apuntan incluso un repunte en la intención de voto a los conservadores, que puede aumentar si en el próximo período se confirma cierta activación de la economía y se notan algunos efectos en la creación de empleo, por modesta y precaria que esta sea.

Pese a todo lo que ha sucedido desde su acceso al poder, el PP sigue al frente en todos los sondeos y aunque con toda seguridad no repetirá la mayoría absoluta del 20-N de 2011 puede aspirar a colocarse en torno a los 150-155 diputados, muy alejado de sus más directos competidores.

En el otro lado, las opciones que podrían cambiar, aunque sea mínimamente las cosas, no suman juntas esa cifra de escaños, aunque superen en porcentaje de votos, en uno seis o siete puntos, a los conservadores. El PSOE apenas pasa de los 90, Podemos no alcanza los 40 e IU va camino de no llegar a la decena; y los porcentajes de votos y escaños se mueven entre las tres opciones sin que crezca el fluido electoral que suman entre ellas:  lo que perdía el PSOE iba no hace mucho a IU, ahora va a Podemos, que también se alimenta de los de Cayo Lara.

Hace un año, en julio de 2013, la encuesta de Celeste-Tel otorgaba un 28,6% al PSOE y un 13,6% a IU, es decir un 42,2% conjunto. Ahora, el mismo instituto demoscópico da un 23,2% a los socialistas, un 5,1% a IU y un 14,1% a Podemos, que suman un 42,4%. Me resulta preocupante esa enorme estabilidad y no me da razones para ser optimista.

La renovación del PSOE (de momento más en nombre y en caras que en ideas) podría llevarle a mejorar ligeramente sus datos o hacerle retroceder aún más, habrá que ver su evolución en los próximos meses, pero esa franja de votos progresistas de formaciones estatalistas se mantiene en torno al 42% y su reparto entre tres opciones facilita que el PP se despegue.

Me asombro cuando leo o escucho a gente que asegura que la izquierda está a punto de llegar al Poder (muchos de ellos eliminando previamente al PSOE de ese espacio, lo que hace no ya improbable sino del todo imposible la empresa de acceder al Ejecutivo). Si en los peores momentos de la crisis no se ha producido el vuelco, no hay ninguna razón que indique que este se vaya a producir ahora. Además, los vientos de recuperación, por poco que soplen, juegan a favor de los conservadores.

Inmune

Otra cosa es que se valore la irrupción de propuestas más novedosas y menos timoratas que las de los socialdemócratas, como Podemos. O el importante avance de los nacionalismos de izquierdas en distintas autonomías. Así como que la actual convulsión abra un debate interesante sobre la democracia, la participación en las organizaciones políticas o los límites de un bipartidismo que se consideraba a sí mismo eterno e inmune a cualquier fractura, que creía en la automática alternancia hasta el infinito y más allá.

Pero de ahí a proclamar la proximidad y la inevitabilidad de la victoria de quienes propugnan un cambio radical y la apertura de un proceso constituyente, va un abismo. En el mejor de los casos, con exagerado optimismo, esas propuestas cuentan hoy con el apoyo de un 22-24% de la población.

Y no saberlo ni decirlo supone engañar y autoengañarse. Generar expectativas poco o nada sustentadas puede llevar a una enorme frustración. Las cosas son mucho más complicadas y exigen recorrido en el tiempo, cambios profundos, altura de miras, generosidad entre los actores sociales y políticos… y, lo más relevante, apoyo de la mayoría social.

Y todo eso, me parece, se encuentra aún bien lejos.

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Israel: de víctimas a verdugos

Una vez más, el ejército israelí, uno de los más potentes del mundo, masacra a la población palestina de Gaza. Una vez más, buena parte de las víctimas son niños y niñas. Una vez más, la comunidad internacional asiste impasible a una barbarie perpetrada, paradójicamente, por el pueblo que tanto sufrió en el nazismo y que ha pasado de víctima a verdugo.

La Franja de Gaza constituye una de las zonas con mayor densidad de población del Planeta (por encima de las 4.000 personas por km2) y el ataque del ejército hebreo se dirige, sin disimulo, a la población civil, a la que busca hacer el mayor daño posible. Los objetivos militares son casas, escuelas y hospitales. Y la mayoría de las víctimas, civiles indefensos.

Se trata de un auténtico crimen contra la Humanidad. Para el que fuera máximo responsable de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, “hay que advertir de nuevo muy seriamente a las autoridades y ultras de Israel que el mundo no contemplará permanentemente impasible sus acciones asesinas. Otro episodio Gaza, no. La Tierra en su conjunto se les volvería en contra. Israel debe pensar en su propia historia y recordar que todos los seres humanos valen lo mismo”.

Plomo Fundido

En un anterior bombardeo a Gaza de 2008-2009, la llamada Operación Plomo Fundido, el entonces relator especial de la ONU para los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, Richard Falk, acusó a los dirigentes de Israel de cometer “un crimen contra la Humanidad en Gaza, y deben ser castigados por ello”. Unas acciones militares que se suman a un no menos criminal bloqueo que impide la llegada de alimentos y medicinas a los habitantes de la zona. Auténtico exterminio.

Pero Israel no es castigado, pese a su vulneración de la legalidad internacional y sus sistemáticos incumplimientos de las resoluciones de Naciones Unidas. Cuenta con el apoyo de Estados Unidos, premio Nobel de la Paz incluido, que se encarga de vetar en el Consejo de Seguridad, cualquier determinación contra su aliado en Oriente Medio. Por intereses geoestratégicos y por la fuerza de los lobbies judíos en Estados Unidos.

Palestina tiene derecho a constituir un estado propio. Y los dos pueblos están obligados a convivir en paz. A eso no ayudan la barbarie del poderoso Estado de Israel ni, tampoco, las acciones de Hamás. Ni, desde luego, unas organizaciones internacionales que confirman su más absoluto fracaso y que demuestran muy escaso interés en el sufrimiento de pueblos, como el palestino, que llevan muchas décadas esperando por una salida digna que les permita desarrollarse económica y socialmente y crear un Estado propio.

(Publicado originalmente en 2012, nada ha cambiado desde entonces).

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Lluis Llach: ‘Palestina’

http://bit.ly/XyM1Tg

La izquierda sigue igual

Podemos se consolida como tercera fuerza política. IU continúa retrocediendo. El PSOE se recupera muy levemente. Y el PP también lo hace, hasta situarse cerca de los 150 diputados, frente a una izquierda estatal que no crece (en su conjunto medio punto más que en la anterior muestra) y que obtiene conjuntamente (PSOE+Podemos+IU) menos diputados que el PP. La izquierda sigue igual, sin posibilidades apenas de ganar ni, por supuesto, de formar gobierno.

Estas son algunas de las conclusiones que se pueden extraer del sondeo de Celeste Tel http://www.eldiario.es/politica/Podemos-consolida-tercera-fuerza_0_281722474.html para eldiario.es correspondiente al mes de julio. Se confirman las tendencias y, también, que el PP se beneficia, y mucho, del gran fraccionamiento del espacio progresista.

En efecto, el PP recupera un punto con relación a junio y llega al 33,48%, lo que le situaría en 144/149 diputados, mejorando sensiblemente con relación al anterior sondeo realizado tras las europeas, y quedando, en el resultado más optimista, apenas a 27 diputados de la mayoría absoluta.

El PP sería la opción con más posibilidades de formar gobierno, aunque no lo tiene fácil por sus malas relaciones con los nacionalismos conservadores y por el debilitamiento de UPyD, que sigue cayendo y que con el 4,93% queda relegada a quinta fuerza política; a lo que ayuda la recuperación del PP y el crecimiento de Ciudadanos, restringiendo notablemente el espacio electoral a los de Rosa Díez.

El PSOE ( antes de conocerse el nombre de su nuevo secretario general) sube también un punto y, con el 23,2%, podría aspirar a superar los 90 escaños. Podemos se mantiene prácticamente en el porcentaje de junio, 14,1% (tenía 13,9% en el sondeo del pasado mes), y sin embargo mejora algo en escaños hasta situarse en 34/37.

La gran damnificada del espacio de izquierdas es IU que, con el 5,1%, baja medio punto respecto a junio y queda muy lejos del 12,1% que tenía en las encuestas antes de los comicios del 25-M. Y saca peor dato que en las elecciones de 2011, donde superó el 7%. Da la impresión de que Podemos (y cierta recuperación socialista) están asfixiando a los de Cayo Lara.

Ahora bien, con el actual fraccionamiento de la izquierda, a poco que el PP recupere 3-5 puntos se pondría en 160-165 diputados y con todas las opciones para seguir al frente del Ejecutivo. Eso sí, aún parece muy lejos de conseguir una mayoría absoluta en las cámaras.

Concluyo. Aunque a casi nadie le guste, el panorama político-electoral que se dibuja en este sondeo hace asomar, con esos datos que hemos comentado, el fantasma de la gran coalición. Tiempo al tiempo.

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Ley de Educación: culminando un esfuerzo colectivo

El nivel de preocupación por la Educación es una buena manera de medir a los gobiernos y parlamentos. En los últimos tiempos hemos vivido una etapa de profundo retroceso, con los recortes presupuestarios del PP y la aprobación de la retrógrada LOMCE. Por eso constituye una buena noticia que Canarias cuente desde este martes con su propia Ley de Educación. La acaba de aprobar su Parlamento con el apoyo de CC, PSOE y NC, y el rechazo del PP.

Más importante, si cabe, por el hecho de que la misma nace de la sociedad canaria, de una ley de iniciativa popular que asociaciones de padres y madres, sindicatos docentes, ayuntamientos y colectivos vecinales llevaron a la cámara canaria con el apoyo de más de 38.000 firmas.

Es cierto que en un principio los grupos que apoyan al Gobierno intentaron impedir que la ley se debatiera, argumentando que suponía incrementos presupuestarios. Pero la presión social hizo que esta resistencia fuera doblegada y que la ley, tras ser presentada por la promotora en una sesión del Parlamento, iniciara su trámite, con el apoyo de la mayoría de la cámara y la abstención del PP.

Enriquecida

La norma aprobada este martes recoge la inmensa mayoría de las propuestas de la ley de iniciativa popular. Enriquecidas, además, por las aportaciones del Consejo Escolar de Canarias (donde se encuentran representados todos los actores del sistema educativo canario: AMPAS, sindicatos, corporaciones locales, universidades…) y por el trabajo de los grupos parlamentarios, en especial de la Comisión de Educación.

No suelo personalizar los aplausos, pero en esta ocasión tengo que hacerlo con dos diputadas que se han batido el cobre para que esta ley naciera y lo haga con el nivel, alto, que tiene: Rita Gómez (PSOE) y Carmen Hernández (NC). Sus esfuerzos de integración y consenso, su capacidad de convicción, su absoluto compromiso con la escuela pública canaria, han sido esenciales para el logro alcanzado.

Los hombres y mujeres que planificaron la ley de iniciativa popular de Educación, que redactaron sus bases iniciales, que recogieron firmas en todo el Archipiélago, merecen también todo mi reconocimiento y el de la comunidad educativa de las Islas. Han demostrado que con ideas, organización y unidad se pueden alcanzar muchas metas, por difíciles que parezcan.

Expectativas

Reconozco que albergaba serias dudas sobre el alcance que podría tener esta nueva norma. Pero una mirada atenta a su articulado supera todas mis expectativas. En primer lugar, por dejar claro que el eje vertebrador de la Educación en Canarias es su sistema público, apostar por la igualdad de oportunidades y plantear el establecimiento de medidas para actuar en los entornos sociales desfavorecidos, esos que están detrás de la mayor parte del fracaso y del abandono escolar.

Pero también por su visión inclusiva y su compromiso con la diversidad del alumnado que se encuentra en las aulas, por defender la participación en la vida de colegios e institutos, por el tratamiento al imprescindible aprendizaje de idiomas o por considerar los servicios complementarios como esenciales al sistema educativo de las Islas. Así como por comprometerse al incremento presupuestario hasta alcanzar el 5% del PIB en los próximos años.

Canarias ha dado un importante paso con la aprobación de esta ley de Educación. Ahora hace falta que sus gobiernos la desarrollen y cumplan, posibilitando el imprescindible salto educativo que precisa el Archipiélago para mejorar sustancialmente la formación de sus ciudadanos y ciudadanas.

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